Organización social, económica y política.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA: 

En el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, el Estado era el encargado de llevar a la práctica el conjunto de verdades, principios, valores y normas que considerase correctos y apropiados, de acuerdo a la base teórica de la doctrina, para el desarrollo integral del hombre y de la colectividad de la nación, cautelando las posibles interferencias de origen preferentemente marxista que puedan influir en el pensamiento político de éstos y, en consecuencia, generar una “amenaza para la seguridad nacional”.Debido a lo anterior, no se hace difícil comprender que el método común para llegar al poder que utilizaban los precursores de esta doctrina era a través de golpes militares que derrocaban al presidente de turno, imponiéndose de esta manera dictaduras en las cuales el Estado y las Fuerzas Armadas se fundían en un solo ente cuyo fin era “la lucha contra el marxismo y la construcción de la grandeza nacional”. La presencia militar dentro de las máximas autoridades de gobierno se veía reflejada en los perfiles de los dictadores: Augusto Pinochet (Chile), Alfredo Stroessner (Paraguay), Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri (Argentina) y Hugo Banzer (Bolivia) son todos nombres pertenecientes a las instituciones castrenses de sus respectivos países. La gran mayoría de los golpes de estado efectuados en América Latina durante el siglo XX fueron apoyados directa o indirectamente por Estados Unidos. 

La labor principal de estos regímenes dictatoriales, entendiéndose que éstos consideraban al marxismo como una agresión permanente, era confiar imperiosamente el poder a las Fuerzas Armadas y de Orden, esgrimiendo que sólo ellas disponían de la organización y los medios necesarios para hacerle frente y neutralizarlo. De esta manera, la nación se pondría en las vías del desarrollo y del progreso y  las instituciones militares se autolegitimaban ante el pueblo. 

Surgió así uno de los principales aspectos asociados a la Doctrina de la Seguridad Nacional: el “Terrorismo de Estado”. Éste consiste en un desconocimiento del derecho a la vida y a las libertades personales, originando como consecuencia las desapariciones y torturas practicadas en los interrogatorios. Todo lo anterior, por supuesto, en el marco de la lucha contra la subversión argumentada por los defensores de la doctrina.Otra cualidad propia de las dictaduras fue la concentración del poder en el Ejecutivo. Mediante Decretos Leyes, las Juntas Militares se atribuían de forma exclusiva y monopólica la plenitud del poder judicial y legislativo, mientras que los presidentes de ellas hacían lo propio con el poder ejecutivo, anulándose la clásica separación republicana de los tres poderes del Estado. 

La militarización del Estado durante las dictaduras, conllevó el despliegue y vigilancia de las Fuerzas Armadas sobre el conjunto del aparato estatal y la unión entre los organismos represivos, anti-subversivos y de dominación política. Esto se tradujo en el control sobre los municipios, los medios de comunicación y el poder judicial (en este último llegó a predominar la justicia militar por sobre la ordinaria). Cualquier forma de oposición era considerada como un atentado contra los intereses de la nación. Se reprimía sistemáticamente la disidencia, cuya expresión estaba fuera de la ley. 

Dentro de las Fuerzas Armadas, con el fin de obtener una mayor cohesión interna y una línea de mando única, se homogeneizaron los altos cargos. Así, los militares que no apoyaban los golpes de estado, eran excluidos de los mandos superiores. 

Cabe señalar que, a pesar de la fuerte presencia castrense en las diversas ramas del poder, y el rechazo, por razones doctrinales, que esta clase manifestaba hacia la democracia,  no existió una renuncia oficial a ésta, sino más bien, se intentó aparentar que el aparato estatal funcionaba bajo ella, buscando la ubicación de funcionarios civiles militaristas o de derecha en puestos estratégicos de las administraciones nacionales con el fin de demostrar una naturaleza “democrática” predominante en las instituciones públicas.   

ORGANIZACIÓN SOCIAL: 

Durante las dictaduras militares de América Latina, todo el accionar represivo estuvo orientado a facilitar la imposición de un modelo económico-social que permitiera destruir las bases económicas y sociales y construir un “nuevo país”. Así, se procedió al exterminio de toda forma de organización política y social: las estructuras y los cuadros del movimiento obrero y de sus organizaciones sindicales; los centros de estudiantes universitarios y secundarios; los militantes de los partidos políticos populares; los intelectuales y las asociaciones de profesionales; los sectores comprometidos de la Iglesia y comunidades religiosas fueron barridas por constituir peligros reales o potenciales para la implantación de aquel proyecto. 

Se excluyó a la sociedad civil (el conjunto de instituciones y relaciones de personas, grupos o sectores sociales que se dan en el campo social, económico, político social y cultural, ya sea a nivel público o privado, pero externo al Estado), de la discusión y tomas de decisiones que históricamente le había correspondido. De esta manera, se renegaba del principio de la soberanía popular y de la autodeterminación de los pueblos.El “Terrorismo de Estado”, actuando al margen de las constituciones nacionales, leyes y tratados internacionales preexistentes, tenía como objetivo la destrucción de todas las asociaciones, frentes, movimientos y sindicatos por los que los ciudadanos pudieran dar fuerza a sus reivindicaciones o derechos. 

El Estado tenía el afán de una sociedad de individuos aislados, sumisos y dependientes. Para alcanzar su objetivo, intervenía a los medios de comunicación y a la opinión pública. No había opinión pública, había solamente temor público. Ninguna cuestión pública se decidía por deliberación, diálogo, compromiso o concesiones mutuas; todo venía establecido desde el poder dictatorial. 

En efecto, los sistemas regidos por el terrorismo de Estado buscaban la alienación del sujeto, para tender a un estado sin conflictos de ningún orden: apuntaban a la abolición de toda problemática entre el yo, sus deseos y los deseos de los otros por él investidos. Según algunos autores, su fin último era la muerte del pensamiento y del deseo. 

En Chile, el gobierno militar decretó la ilegalización y receso de los partidos políticos, las limitaciones a los derechos gremiales o sindicales y la supresión de la autonomía universitaria a través de la imposición de rectores y otros funcionarios elegidos por los miembros de los mandos militares o de sectores que apoyaban al régimen.   

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA: 

El principal interés económico que tenía Estados Unidos al implantar las dictaduras latinoamericanas era asegurar que los recursos y mercados del mundo menos desarrollado siguiesen estando a su disposición y a la disposición de otros países del “mundo libre”.

Para llevar a cabo esta política económica, el gobierno de los Estados Unidos se valió de la Doctrina de la Seguridad Nacional canalizada en las dictaduras militares de Latinoamérica, las cuales iniciaron las privatizaciones de las empresas estatales, y de los sectores que tradicionalmente estaban en las manos del estado, tales como la educación, la salud, la previsión y los servicios públicos. 

Además se recortó el gasto público, se liberalizó el flujo de capitales, se implantaron normativas y decretos de flexibilización laboral, se incentivaron las importaciones y se otorgaron regalías y facilidades a las empresas extranjeras en detrimento de los medianos empresarios de las respectivas naciones latinoamericanas. 

La economía fue organizada en torno a la libre empresa, la libre competencia y la inversión privada extranjera. Se incentivaron y crecieron las exportaciones agropecuarias y de bienes no tradicionales hacia el extranjero. 

Se redujo la ayuda estatal a sectores productivos y de servicios que eran considerados no competitivos en el mercado. 

En ciertos países, como por ejemplo Chile, se observaron elevadas tazas de crecimiento macroeconómico, llegando esta última nación a crecer a un máximo de un 12% anual.

No obstante, esta apertura económica trajo como consecuencia un empobrecimiento en los salarios de los pequeños productores debido al desequilibrio entre importaciones y exportaciones, un aumento de los índices de cesantía y una merma en el desarrollo sustentable de los recursos naturales de donde provenían las materias primas que exportaba América Latina. Los índices de pobreza también aumentaron. 

Un ejemplo de lo anterior se obtiene del siguiente balance al concluir el régimen militar en Chile: según las estadísticas del Ministerio de Planificación Nacional, había 5 millones 212 mil personas viviendo en condiciones de pobreza, de esos, 739 mil eran indigentes, es decir, carecían de ingresos suficientes para adquirir la canasta mínima de alimentación de sobrevivencia.